El caso Cayambe: violación grupal en un sistema educativo que niega el género

El caso de violación grupal perpetrado por parte de cuatro profesores contra dos adolescentes en Cayambe levanta la alarma de un sistema educativo que falla en la protección de las y los estudiantes; no sabe cómo trabajar en la prevención; se niega a incorporar el género no solo en la enseñanza sino como un elemento que le permita analizar y transformar las dinámicas que reproducen la violencia al interior de las escuelas; y es incapaz de reconocer la importancia de que las propias niñas y adolescentes desarrollen mecanismos de autoprotección. Y este engranaje de obstáculos está claramente representado en la actual ministra de Educación: Alegría Crespo.


Tras conocerse el hecho, mediatizarse y ser llamada a declarar en la Asamblea – porque muchos otros casos no mediáticos no reciben ni un pronunciamiento – la ministra publicó en su cuenta de X: “nos duele, nos conmueve y nos indigna la violencia”. No la violencia sexual, no la violencia de género, la violencia sin más apellidos, sin formas específicas de ocurrir ni sujetos más vulnerables que otros/as. Esta postura se evidencia también en el lanzamiento del Plan Nacional contra la violencia en las aulas, publicado por el Ministerio de Educación a inicios del año. A pesar de que la señora Crespo insista en su esfuerzo por no permitir lo que ella llama la “ideología de género”, el plan habla del género como un elemento a tomar en cuenta porque, claro, la verdad es que no hay forma de abordar la violencia sin el aporte que proviene del género. El plan habla de condiciones estructurales, sistema patriarcal, machismo, interseccionalidad, aunque en la práctica vale preguntarse ¿quién lo va a aplicar y cómo? Aunque en el contenido del plan, en teoría, se menciona el género, las estrategias metodológicas hablan de la violencia en general y se enfocan en mejorar las habilidades de crianza y sensibilizar a las y los docentes, nuevamente, en una violencia que quiere abarcar todas las formas y ninguna al mismo tiempo.

Más allá de los planes que elabore o lance el MINEDUC, cabe cuestionar lo que sucede en la práctica ¿quién va a hablar de género en una escuela pública cuando el máximo rector de la educación niega que se incorpore en las aulas? ¿cómo van a recibir educación en sexualidad y género las niñas, niños y adolescentes si el ministerio retiró a finales del año pasado todo el material físico y virtual que le costó al estado alrededor de 70 mil dólares porque consideraron que la “ideología” no se alineaba con la suya?

¿Cómo va a responder la ministra? Va a referirse a este caso en particular, va a decir que el distrito está facilitando el apoyo en la investigación, va a decir que van a realizar seguimiento al caso y asegurarse de que las adolescentes reciban apoyo psicológico. Y ¿cómo no va a poder responder? No va a poder referirse a este caso como un caso grave de violencia sexual y de género, un caso no aislado sino bastante común en las escuelas del país, no va a poder hablar de prevención, no va a reconocer relaciones de poder ni va a ser capaz de responder por qué las adolescentes mujeres son más vulnerables a este tipo de violencia. No va a poder explicar cómo se está trabajando para que no sean revictimizadas dentro de la institución, no va a poder responder qué y cómo se enseña a las y los adolescentes a desarrollar mecanismos de autoprotección, no va a poder responder cómo en una institución convivían cuatro sujetos capaces de abusar por seis horas seguidas de dos adolescentes sin que se levantasen señales previas de alarma dentro de la escuela por sus discursos y prácticas. Y no va a poder responder porque todo esto es posible solo a través de un análisis mediado por el género que tanto se esfuerza por negar.

“Se activaron las rutas y protocolos” dijo además la señora, ¿sabe de dónde vienen esas rutas y protocolos? ¿sabe que las rutas que le guían en principios como la no revictimización, la inmediatez en la atención y la confidencialidad fueron construidas gracias a todo lo que entendimos que pasaba en el sistema judicial a través de un análisis desde el género?

“Reafirmamos que esta lucha es prioritaria y permanente” ¿de qué lucha habla? Se sostiene con el discurso de los derechos humanos y la igualdad ¿sabe que los derechos sexuales y reproductivos entre los que se encuentra el derecho a la educación sexual también son derechos humanos? O está hablando de la lucha por regresar a una educación conservadora y temerosa de la “ideología de género” que ha emprendido ella en contra de la educación pública en el Ecuador. O la lucha por seguir esparciendo en la sociedad el miedo de que la “ideología de género” pretende hormonizar y confundir a los niños y niñas. La lucha por la desinformación y la regresión, no solo en derechos, sino en mecanismos que en la vida real protegen o dejan vulnerables a la infancia y adolescencia. La lucha de ella y sus secuaces en el poder.

El hecho de haber retirado el material físico para la Educación Sexual Integral (ESI), haber dado de baja una serie de recursos de la plataforma Sexualipedia (solo sobrevivieron los materiales referidos a habilidades emocionales), y el hecho de lanzar videos orgullosa de no permitir “ideologías que adoctrinan”, son prueba clara del temor que acompaña un profundo desconocimiento de que uno de los ejes principales de la ESI es la autoprotección, el autocuidado y la autonomía corporal. Las adolescentes son las víctimas, los culpables son sus abusadores y en el caso hay una responsabilidad compartida por parte de todos los/las adultos/as a su alrededor que fallan en enseñarles a: reconocer lo que es una relación de poder, identificar a un adulto que les puede hacer daño, decir no, reconocer que pueden ser vulnerables, saber cómo actuar en una situación de peligro.

Y repito que las adolescentes son víctimas, pero también son víctimas de esta falta de protección ante la cual el Estado, empezando por la señora Crespo, también tiene que asumir responsabilidad.

¿En serio la señora cree que implementar un manual de convivencia y promover una parentalidad positiva va a permitirle “luchar” contra la violencia sexual y la violencia de género como lo dice en su manual? ¿Sabrá la ministra que en Ecuador existe un Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas declarado en honor a la lucha de una madre que duró del 2002 al 2020 en el reclamo de justicia por la vida de su hija, Paola Albarracín, a quien perdió por un abuso sexual dentro de la escuela? Esa, señora Crespo, es LA lucha.

Es preocupante que el retroceso se pretenda realizar de forma tan abierta. Guillermo Lasso y su esposa eran igual de conservadores y perdidos en temas de género y aún así no se involucraron con la educación, y no por eso quiero decir que eran mejores. Lo que preocupa es que, a medida que pasa el tiempo, el gobierno, al igual que el mundo entero, se muestra más abierto a reconocer sin miedo su postura de derecha, conservadora, retrógrada, basada en el miedo, clasista, anti-derechos. Ya no necesita “ceder” o abstenerse de no tocar derechos ganados. En el gobierno anterior se lanzó oficialmente la estrategia nacional de la ESI no por la buena voluntad del presidente y su gabinete sino porque no se podían permitir retroceder en temas de derechos y no tenían esta necesidad absoluta de ser respaldados por el sector más conservador de la sociedad. Ahora el poder se está reconfigurando y va a mostrarse cada vez más represor en todos los ámbitos, que la educación sea uno de los primeros no es algo arbitrario.